La Consejería de Medio Ambiente ha presentado un nuevo Proyecto de Ley de Aguas que cuenta con la defensa de las organizaciones empresariales y agrarias y con la más rotunda oposición de las organizaciones ambientales.

La norma se ceba con la imputación de costes a los usos domésticos, e ignora a los usos agrarios, hidroeléctricos y al golf.

En este post quiero destacar un aspecto de esta ley que afecta a cientos de marcheneros: se blinda la posibilidad de construir pozos sin autorización de la propia Agencia Andaluza del Agua, con lo que se estimula la proliferación de captaciones ilegales.

Esto da un giro a la política de pozos, que hasta ahora fiscalizaba y limitaba las captaciones de aguas subterráneas. Todos aquellos marcheneros con parcelas en el campo saben perfectamente de la importancia de lo que hablo, no es un asunto menor.

Muchos parcelistas han hecho un gran esfuerzo económico para legalizar sus pozos o han sido multados o se le han sellado por no estar a la distancia legal de otros.
Para que los desconocedores del tema se hagan una idea basta con decir que los pozos legales incluso tenían un contador que registraba la cantidad de agua extraída.

Si, como parece probable, el parlamento andaluz aprueba la ley, todo esto habrá cambiado en la práctica. Se vuelve a la permisividad y a una gestión insostenible de los recursos hídricos.
En mi modesta opinión es un gran paso hacia atrás y una vuelta a políticas retrógradas y obsoletas.