Con fecha uno de diciembre la Junta de Andalucía ha emitido una orden para devolver las competencias urbanísticas al Ayuntamiento, y ya está vigente, poniendo así punto y final definitivo al conflicto sobre la ampliación del Conjunto Histórico que enfrentaba a ambas instituciones.


La orden de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, delega en el Ayuntamiento la competencia para autorizar obras y actuaciones que desarrollen o ejecuten en el ámbito del Conjunto Histórico de Marchena y el PGOU con adaptación parcial de la LOUA y el plan de especial de protección del conjunto histórico.


Se excluyen de esta delegación de competencias las obras y actuaciones en monumentos, jardines históricos, zonas arqueológicas y e territorio vinculado a actividades de interés etnológico. Demoliciones que afecten a inmuebles inscritos dentro del catalogo de patrimonio histórico o su entorno declarado bien de interés cultural.


Las autorizaciones o licencias deberán ser comunicadas en el plazo de diez días a la Delegación Provincial de Cultura. La ley de Patrimonio de Andalucía (14/2007) será de obligado cumplimiento para expedientes de ruina y prohibición de demolición. La modificación de estas condiciones supondrá la revocación de delegaciones a no ser que cuente con informe favorable de la Delegación de Cultura.


Antecedentes

El 8 de septiembre de 2008 se incoa expediente de Ampliación del Conjunto Histórico. El rechazo de los grupos políticos es unánime a la decisión adoptada por la Junta. Se realizan numerosas reuniones con la Delegación Provincial que resultan infructuosas. El Ayuntamiento plantea alegaciones de indole técnico, jurídico e histórico, mientras inicia una campaña informativa explicando el alcalnce de la medida. Se lleva a cabo una histórica manifestación de todos los grupos politicos marcheneros a las puertas del Parlamento Andaluz, -la primera en toda la democracia de esta índole- y los representantes locales se entrevistan con los responsables de los distintos grupos parlamentarios, mientras que la seguridad del parlamento ponia trabas a la entrada de periodistas locales, en las puertas de edificio que representa la soberanía de todos los andaluces.



Se cierra el expediente resolviendo la Junta acordar la concreción de la Zona de Respeto.Con la llegada de Paulino Plata a la Consejería de Cultura en 2010 con de abre un nuevo diálogo y posteriormente se llega a un acuerdo con la consejería de Cultura tras arduas conevrsaciones y negociaciones.

Un golpe a la economia marchenera en plena crisis

La ampliación del conjunto histórico, -paralizada en la época socialista, y auspiciada `posteriormente por la Junta en solitario- supuso una medida sin precedentes en el ambito político y legal, en toda Andalucia que tuvo penosas repercusiones negativas para una economía marchenera ya en crisis.

Un aumento del 450% de la zona protegida en el casco urbano marchenero, es el que se produjo tras la nueva delimitación del conjunto histórico, de 18 a 81 hectáreas afectando al 80% del conjunto histórico, con 3000 inmuebles afectados –la mayoría de menos de 50 años-. La ampliación se produjo sin el conocimiento del Ayuntamiento y sin que la Junta informase previamente, pidiese su opinión, o tuviese en cuenta las argumentaciones de los distintos sectores de la sociedad marchenera, a la hora de armonizar proteccionismo con la vida cotidiana del municipio incluyendo sus actividades economicas.

Supuso prohición de licencias de parecelación, demolición, segregación y edificación y todas las obras sólo se podían acometer con la autorización de Cultura. Prohibía hacer division del parcelario entre los herederos en el caso de herencia, ni podía haber escrituras independientes, por lo tanto tampoco podía vender una parte de su propiedad. La edificabilidad se mantendría intacta es decir, suponía el fin de la práctica de construir numerosos pisos en un solar antes ocupado por una casa.


Curiosamente, esta medida que parte desde sectores tecnicos y politicos con el argumento del conservacionismo, llegaba con la intención de proteger los arrabales históricos de San Miguel y San Sebastián, que desde hacía años atrás habían sido profundamente desfigurados y alterados sus principales elementos arquitectonicos y alterados sus elementos etnográficos.


Entonces, cuando se estaba produciendo la práctica reconstrucción de los arrabales historicos, en época de bonanza y boom de la construcción, los sectores oficiales políticos y conservacionistas, no cumplieron con su cometido de preteger y regular el urbanismo en este sentido, que sí se inició con todo el rigor tras las llegada del nuevo gobierno al poder local.


http://www.marchena.org/marchenahoy/index.php?option=com_content&task=view&id=1817&Itemid=93

Me lo creeré, cuando las licencias de obras a partir de ahora se obtengan en menos plazo que actualmente, si vale de excusa lo del Conjunto Histórico, porque las licencias en los chalets del cámpo de fútbol, o San Ginés, no salen muy rápido que se diga, y que yo sepa eso no es Conjunto histórico.

Por cierto muy bien pegada la nota del gabinete de prensa del Ayuntamiento...

Parece que no te ha gustado mucho la noticia...